Como ya es de sobra conocido, las intenciones del Gobierno con respecto al ferrocarril público, y con respecto a los servicios públicos en general, no pueden ser más perversas. Con la manida excusa de la crisis pretenden acabar con todo lo público ya que, según ellos, los servicios publicos que paga la ciudadanía, son un lujo que no nos podemos permitir. Sí podemos permitirnos, en cambio, pagar con nuestros impuestos el desfalco de cerca de 40.000 millones de euros que ellos mismos por acción u omisión han provocado en el sistema bancario.
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